“El que cometa un delito lo resarcirá con trabajo social”: Defensor Público General

“Los defensores de los pobres”. Así es conocida en el orbe la labor que desempeñan los defensores públicos en los procesos judiciales, quienes en nuestro país ejercen sus funciones bajo la tutela de la Defensoría Pública.

De acuerdo con la legislación vigente, la Defensa Pública es un órgano constitucional autónomo, sin personalidad jurídica propia, “sin ningún tipo de subordinación a otro órgano del Estado” y que tiene el deber de garantizar gratuitamente a la población los derechos a la defensa, debido proceso y acceso a la justicia de las personas que requieran este servicio.

Frente a esta institución, integrada por 966 defensores públicos, está Ciro Ramón Araujo, defensor público general, quien manifiesta que sus funcionarios están capacitados para garantizarle gratuitamente a la población el derecho humano a la defensa y, en ese sentido agregó que durante este año han atendido a 354 mil 622 usuarios.

—El ciudadano de a pie suele confundir la Defensa Pública con la Defensoría del Pueblo. ¿Qué hace la institución que usted preside para hacerles entender que son entes con funciones distintas?

—No solamente el defensor público va hacia la parte jurisdiccional, sino que nosotros durante el año hemos estado en todos los estados haciendo jornadas integrales, jornadas formativas y de asistencia a nuestro pueblo, en los campos, en las calles, en las comunidades. El trabajo que desempeñamos no es el mismo de la Defensoría del Pueblo, pues sus funcionarios realizan un trabajo colectivo. Nosotros vamos destinados a un trabajo más individual, hacia un derecho humano más individual, como es el derecho a la libertad de un ciudadano, el derecho al interés superior de nuestros niños, de nuestros indígenas y de nuestros campesinos.

—¿Es suficiente el número de defensores públicos en materia penal para dar respuesta a la colectividad?

—No, nos hace falta más y en eso estamos trabajando también. Actualmente, en penal ordinario tenemos 502 defensores públicos, 124 en materia de responsabilidad penal del adolescente, 162 en materia de protección de niños y adolescentes, 32 en materia de violencia de género, 65 defensores agrarios, 19 defensores en materia indígena, cuatro defensores ante el Tribunal Supremo de Justicia, nueve en materia de inquilinatos, dos en materia laboral y dos en materia integral

—¿Cuál sería el número ideal de defensores?

—Bueno, doblar el número de defensores. Yo creo que debemos estar hablando de 1.500 defensores públicos para suplir las necesidades que se puedan presentar, aunque lo estamos haciendo, pero lógicamente se nos hace un poco más cuesta arriba.

—¿Cómo se enmarca la Defensa Pública en la Misión A Toda Vida Venezuela?

—Nosotros estamos enmarcados en lo que es el tercer vértice y el cuarto vértice de la Misión. El tercer vértice, que es la transformación de la justicia penal venezolana, y el cuarto vértice, que es la transformación del sistema penitenciario (…) Estamos trabajando coordinadamente con el Poder Judicial y con el Ministerio Público en lo que se llaman las casas de justicia penal, donde van a funcionar un juez municipal, un fiscal municipal y un defensor público municipal, quienes atenderán a los procesados, a las personas mayores de edad que han cometido un delito cuya pena no excede ocho años (…) Con estas casas de justicia penal estamos en presencia de lo que llaman la justicia restaurativa. ¿Qué significa eso? Tú cometes el delito y tú no vas a estar privado de libertad, te van a dar una medida cautelar sustitutiva de libertad, inmediatamente vas a ser supervisado por los consejos comunales, que van a supervisar el trabajo que tú estás haciendo porque van a levantar un informe y le van a decir al tribunal que él está cumpliendo con un trabajo social. (…) Tú cometes el delito, tú lo vas a resarcir con un trabajo social, así se está profundizando la participación ciudadana.

—Ya existen fiscalías y tribunales municipales. ¿Y las defensorías municipales?

—Ya estamos preparados, con el turno al bate, esperando que nos manden el picheo, que nos pichen. Una vez que se instalen los jueces de primera instancia municipal y los fiscales municipales, allí van a estar presentes nuestros defensores públicos municipales.

—Esta nueva forma de juzgamiento, ¿cómo incide en la lucha contra la impunidad?

—Va a ayudar al descongestionamiento de nuestras cáceles (…) Esta es una forma de juzgamiento establecida en el Código Orgánico Procesal Penal, de juzgamiento en la calle. Los procesados van a estar siendo asesorados, en este caso supervisados por las comunidades.

—¿De qué manera la Defensa Pública se ha acercado a la comunidad?

—A través de la participación y de la formación. Los defensores públicos están yendo a la calle los fines de semana, a las barriadas, campos y a los colegios. Son muy importantes las charlas de formación y las de prevención que dictan en los colegios los defensores públicos en materia de protección de niños.

—¿Cuál ha sido el aporte de la Defensa Pública para minimizar el retardo procesal?

—Con la presencia masiva de nuestros defensores públicos en los centros de reclusión y en las audiencias. No hay un índice de diferimiento por parte de la Defensa Pública a las audiencias. (…) La mayoría de nuestras sedes donde funcionan las defensas públicas son en los espacios que les pertenecen al Poder Judicial. Es decir, al lado de un tribunal está un defensor público. entonces no se justifica que un defensor público no asista a una audiencia.

—¿De qué manera la Defensa Pública coadyuva a resolver el hacinamiento en las cárceles?

—Lo estamos haciendo desde hace tiempo. Nosotros contamos con defensores en esta fase —ejecución— (…) Nuestros defensores públicos en fase de ejecución asisten y representan a los privados de libertad que ya han recibido una condena. Fíjate que en las estadísticas podemos decir que de 100% de los que están privados de libertad en fase de ejecución, es decir, 95% lo lleva la Defensa Pública. Instalamos en cada centro de reclusión un locutorio, un espacio físico en el cual nuestros defensores atienden a los privados de libertad.

—¿Qué decirle a los ciudadanos que piensan que si el Estado los está persiguiendo judicialmente por qué han de confiar en la Defensa Pública?

—Que cuentan con defensores públicos autónomos, con capacidades jurídicas, eficientes y eficaces para dar respuestas. Que tengan la garantía que les da el Estado de que cuentan con defensores públicos capacitados para garantizarle ese derecho humano que es la defensa. Y algo muy importante: que ese acceso a la justicia y al derecho a la defensa es de manera gratuita.

Defensor de oficio

El defensor público general, Ciro Ramón Araujo, conoce la institución que preside desde adentro, pues antes de ocupar el cargo actual, vacante por la renuncia repentina de su antecesora Omaira Camacho, estuvo al frente de la Dirección de Actuación Procesal del ente.

“Yo me acuerdo que ingresé un 16 de diciembre a la Defensa Pública en 2002, en pleno paro petrolero, aquel sabotaje de Pdvsa, de esa gente”, refiere. Narra que estuvo por casi tres años y medio frente a la coordinación de la Defensa Pública del estado Portuguesa. Posteriormente se desempeñó en el estado Anzoátegui, como titular de la coordinación de la Defensa Pública. Después coordinó la Defensa Pública en Caracas. “Conozco en sí la realidad de cómo actuamos nosotros los defensores públicos”, señala. Dice que durante su permanencia en el cargo, que asumió a finales de 2011, ha realizado una gira por el país, lo que le ha servido para hacer un diagnóstico de “cómo están nuestras unidades regionales en los 23 estados, porque en cada estado de nuestra geografía existe una unidad regional de la Defensa Pública donde funcionan grupos de defensores públicos que les llevan el acceso gratuito, que le garantiza ese acceso a la justicia, el derecho a la defensa, al debido proceso de manera gratuita a todas las personas que lo necesitan sin discriminación.